La externalización de los servicios públicos hacía la Economía Social

En el post de hace unas semanas titulado "Anuncio de la Ley del Tercer Sector" se comentaron unas ideas que quedaron en el aire. Hoy finalmente las retomo para justificarlas y plantear una nueva cuestión. El Tercer Sector es:

1. Innovador y creativo.
2. Capaz de gestionar servicios.

Hablar de innovación en el sector abarca a todos los frentes posibles que las ONG tocan: financiación, gestión, productos y servicios, etc. El echo de tratarse de entidades sin fin de lucro les permite llevar a cabo acciones de captación de financiación imposibles para las empresas convencionales (solamente hay que hacer una pequeña búsqueda en internet para encontrar cientos de cosas sobre la disciplina de fundraising).

Además, su gestión más propensa a cubrir necesidades de las personas les obliga a modificar el producto y servicio para que este cubra las nuevas exigencias.

Y por otro lado, sostengo que son capaces de gestionar servicios porque actúan como empresas.

La intención de fijarme en estas características hoy se debe a la reflexión que hemos de hacer sobre la externalización de los servicios públicos en empresas privadas lucrativas.

Cuando una empresa privada convencional se presenta a un concurso público lo hace porque es capaz de obtener un lucro para sus accionistas, de modo que el precio con el que se presentan incluye un margen por este concepto. En definitiva, el precio que pagará la Administración competente es superior al coste de realizar esa actividad. Al basarse los concursos públicos en este idea de coste con margen no cabe la posibilidad de incluir oportunidades de inclusión, identidad de los valores de la empresa concesionaria con el servicio, etc...

Pretendo establecer que una organización no lucrativa está mucho más preparada para presentarse a un concurso de lo que puede estarlo la típica sociedad anónima que se presenta con estupendos precios a la baja gracias a la merma en la calidad del servicio.

Pero no sólo las Entidades No Lucrativas tienen un mejor punto de partida, las cooperativas y sociedades laborales aunque más mercantilizadas son otra estupenda opción. Desde estos tipos de empresas el objetivo al presentarse a un concurso no es el lucro de sus socios sino la oportunidad laboral para los mismos. Además, otro argumento a favor de las mismas es la calidad del servicio al ser ofrecido por una persona más identificada con el servicio público que se está cubriendo que con los intereses de los accionistas (se trataría de trabajadores residentes en el municipio o entorno y, más sensible al aprovechamiento de los recursos públicos que gestiona la Adminsitración).

Y en último lugar, explicar que las duras condiciones económicas que estamos viviendo se podrían mejorar si la externalización recayese en empresas de Economía Social, dado que se produciría un reparto más equitativo de los recursos públicos para que fueran a manos de los trabajadores (cooperativas y sociedades laborales), por lo que el recorte no se haría en el trabajador que realiza el servicio.

Además, podría convertirse la externalización de servicios públicos en una fuente alternativa de recursos para las entidades no lucrativas. Pensemos en una ONGD que gestiona el servicio de limpieza de varios colegios en una ciudad, con lo que obtendría por este concepto podría llevar a cabo sus proyectos de cooperación, así como constituir un feed-back entre la empresa de limpieza y los proyectos para incluir el factor laboral en las regiones del sur.

Por todo ello, considero que la gestión de un servicio público externalizado SÓLO debe de recaer en la Economía Social.